COMENZABA mis reflexiones del pasado número manifestando mi escasa sintonía con la política comunitaria reflejada en la tan “manoseada” Agenda 2030, presentada bajo principios muy humanistas, loables y, a primera vista, de gran atractivo para la población. Bajo la protección de su enunciado se prometía garantizar el desarrollo sostenible mediante un plan de acción para las personas, el planeta y la prosperidad, haciendo posible la erradicación del hambre y la pobreza extremas, la justicia social y la preservación de un entorno natural saludable. Sin duda, una excelente carta de presentación para un programa tan ambicioso: ¿quién podría rechazarlo?

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. Creo que, cobijándose bajo ese atractivo paraguas, se ocultaban otros fines menos justificables y hoy estoy convencido de que dicha agenda no es más que un pretexto para tutelar una gran organización orientada a dirigir una compleja alianza supranacional desde criterios populistas. Entiendo aquí el populismo como la consecución de objetivos sin valorar el coste de la destrucción que puede acarrear la sumisión de los Estados miembros a un ente que menoscaba su soberanía y su capacidad de decisión sobre producciones, relaciones comerciales internacionales e incluso su propia generación energética. Porque, históricamente, siempre que puede, el poder ABUSA. Sirvan de ejemplo el desmantelamiento de nuestras plantas nucleares, que nos hace dependientes de países vecinos, o el arranque bonificado de olivares para el “plante” de huertos solares.

La Unión Europea, en su origen, se gestó como un acuerdo entre Alemania y Francia con la creación en 1951 de la CECA (Comunidad Europea del Carbón y del Acero), un entramado destinado a facilitar la libre comercialización de materias estratégicas en unos momentos especialmente difíciles, tras los estragos dejados por la II Guerra Mundial. El éxito de aquella iniciativa impulsó la incorporación de Bélgica, Holanda, Luxemburgo e Italia y amplió el abanico de productos. En 1957, el Tratado de Roma dio lugar a la CEE (Comunidad Económica Europea). Habrían de transcurrir aún 36 años hasta que, el 1 de noviembre de 1993, aquel organismo relativamente modesto se transformara en el gigante actual: la Unión Europea, una alianza transnacional de 27 países con un poder situado por encima de los propios Estados.

Cuando ese poder perjudica a alguno de sus miembros, es deber del ciudadano combatirlo, pues la Historia ha demostrado que, siempre que puede, el poder, amparándose en el populismo, ABUSA para alcanzar sus fines. Y parece que eso es precisamente lo que hoy nos aqueja. La UE, camuflando sus directrices en los 17 ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), está aplicando políticas que considero irreales, erráticas y poco definidas. Un ejemplo claro son los acuerdos con los países del MERCOSUR, que favorecen sus exportaciones agrícolas a Europa en condiciones ventajosas, con grave perjuicio para los productores del sur europeo, obligados a cumplir exigencias bio y zoosanitarias infinitamente más estrictas que las impuestas a terceros países.

La Unión Europea nació con objetivos muy atractivos: potenciar el libre mercado y abolir las fronteras físicas permitiendo la libre circulación de personas, bienes y capitales, un hito histórico en el continente. No obstante, aquel ente concebido con fines esencialmente económicos ha evolucionado hacia una unión política, una especie de superestado europeo que acumula competencias y legisla sobre un número creciente de materias, menoscabando progresivamente las atribuciones de los Estados nación que lo integran. Este proceso no es gratuito, ya que genera una serie de gastos que se traducen en nuevos impuestos para todos los ciudadanos, algo que se evidencia de forma especial en la PAC (Política Agrícola Común).

Desde Bruselas, los eurócratas deciden qué, cómo y dónde producir en los campos europeos, pero la intervención no se limita al ámbito agrario. La UE actúa también en otras muchas áreas, entre ellas la política climática, quizás la más directamente relacionada con la Agenda 2030. Bajo la premisa de combatir el cambio climático y reducir las emisiones de CO2, se impulsan numerosos postulados de dicha agenda, cuyo origen se sitúa en septiembre de 2015, cuando más de 150 países de la Asamblea de las Naciones Unidas adoptaron sus principios, estableciendo 17 grandes metas de aplicación universal con horizonte en el año 2030.

Entre esos objetivos se encuentran la erradicación del hambre y la pobreza, la salud y el bienestar, la educación de calidad, el acceso al agua limpia, la igualdad de género, la energía no contaminante, el trabajo decente y el crecimiento económico, la industria y la innovación, la reducción de la desigualdad, las ciudades sostenibles, la producción y el consumo responsables, la acción por el clima, la protección de la vida submarina y de los ecosistemas y, como colofón, la paz, la justicia y las alianzas.

De verdad, ¿queremos eso?