Cada Asamblea General de Cooperativas Agro-alimentarias de España es una oportunidad para hacer balance, compartir inquietudes y, sobre todo, mirar hacia el futuro. Quienes formamos parte del movimiento cooperativo sabemos que vivimos un momento de profunda transformación. Los cambios se suceden a una velocidad sin precedentes y afectan de lleno a la forma de producir, transformar y comercializar alimentos. No se trata de una situación coyuntural; estamos ante una transformación estructural que exige respuestas ambiciosas y decisiones valientes.

Las cooperativas agroalimentarias hemos demostrado, una vez más, nuestra capacidad de adaptación. Representamos cerca del 70 % de la producción agraria organizada y más del 25 % de la industria alimentaria española. Detrás de estas cifras hay más de un millón de familias socias, miles de profesionales y una firme voluntad de seguir construyendo un modelo empresarial competitivo, sostenible y comprometido con el territorio.

Sin embargo, somos conscientes de que el futuro del sector dependerá en gran medida de cómo afrontemos tres grandes desafíos: el relevo generacional, el cambio climático y la disponibilidad de personas para trabajar en nuestras explotaciones y empresas. Desde las cooperativas estamos impulsando proyectos para incorporar a más jóvenes, favorecer una mayor participación de las mujeres y acelerar la digitalización. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos políticas públicas con visión de largo plazo que acompañen y refuercen estos esfuerzos.

Entre todos los retos que tenemos por delante, hay uno que considero especialmente urgente: el agua. España no puede seguir aplazando el debate sobre una cuestión que resulta determinante para el presente y el futuro de nuestra agricultura. En gran parte de nuestras zonas rurales, sin agua no hay producción, no hay actividad económica y no hay oportunidades para fijar población. Ignorar esta realidad no hará desaparecer el problema. Al contrario, lo agravará.

Por eso defiendo que nuestro país necesita una auténtica política de Estado en materia de agua. Una política basada en el diálogo, la planificación, la inversión y la eficiencia. No basta con hablar de restricciones o de penalizaciones al uso del recurso. Debemos impulsar infraestructuras modernas, mejorar la gestión hídrica, apostar por la innovación y facilitar que agricultores y cooperativas dispongan de las herramientas necesarias para producir más y mejor con menos recursos.

Las lluvias de este año pueden generar una falsa sensación de tranquilidad, pero no debemos engañarnos. Sabemos que volverán los ciclos de sequía y que el cambio climático incrementará la frecuencia e intensidad de estos episodios. Precisamente por eso, la política del agua no puede esperar a la próxima crisis. Debemos actuar ahora, con una visión estratégica que garantice la disponibilidad del recurso para las próximas décadas y que preserve la competitividad de nuestro sector agroalimentario.

Del mismo modo, necesitamos una Europa que siga apostando por la producción de alimentos. La futura Política Agraria Común debe mantener un presupuesto suficiente y herramientas eficaces para impulsar las inversiones, la innovación y la adaptación al cambio climático. No podemos pedir al sector que afronte transformaciones cada vez más exigentes mientras se reducen los recursos destinados a hacerlo posible.

Las cooperativas seguiremos aportando soluciones, generando valor y construyendo futuro desde el territorio. Pero para lograrlo necesitamos políticas coherentes con la importancia estratégica de la alimentación. Porque detrás de cada explotación, de cada cooperativa y de cada alimento que llega a nuestras mesas hay personas. Y proteger su futuro es también proteger el futuro de nuestras zonas rurales y de toda la sociedad.

* ÁNGEL VILLAFRANCA
Presidente de Cooperativas Agroalimentarias