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Para evitar las sanciones de Bruselas

España necesita invertir 5.000 millones de euros en depuración de aguas

La solución a los desequilibrios entre cuencas podría ser terminar con la sobreexplotación de acuíferos sin tener que recurrir a presas o trasvases. Las ingenierías no reclaman grandes obras sino invertir más en pensar para solucionar problemas enquistados como sequías o desbordamientos.

Profesional AGRO - Madrid 29/03/2017

depuracion-aguaMiles de kilómetros de AVE y de carreteras. Así se ha medido el desarrollo de infraestructuras en España en los últimos 25-30 años. Sin embargo, aún quedan pendientes centenares de actuaciones que deben medirse en metros cúbicos. De hecho, nuestro país necesita invertir 5.000 millones de euros en depuración y saneamiento de aguas en alrededor de 200 actuaciones de poblaciones que no cumplen con la Directiva Europea y que pueden suponer sanciones de Bruselas, según denunció el Foro para la Ingeniería de Excelencia (FIDEX), que agrupa a las 11 principales ingenierías españolas, en el marco de la jornada “¿Cómo encauzar el problema del agua en España?.”

A esta inversión en nuevas infraestructuras del agua, habría que añadir la destinada a modernizar y renovar las depuradoras y redes de saneamiento existentes. Es el caso por ejemplo de Madrid, que acaba de convocar el concurso para poner al día un sistema que data de los años 70 y que no cumple con los preceptos actuales de calidad de la Unión Europea.

Asimismo, otras comunidades como Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha están acelerando sus procesos de licitación desde el pasado año, empezando así a contrarrestar la parálisis inversora del sector público desde el inicio de la crisis, cuando el recorte en infraestructuras bajó del 2% del PIB, que impidió culminar la ejecución del Plan de Calidad de las Aguas 2007-2015.

De hecho, España ocupa en la actualidad el puesto 26 de entre los 28 miembros de la Unión Europea en inversión pública en depuración y saneamiento, con una inversión media de 6 euros por habitante, que debería al menos duplicarse para corregir los desequilibrios y cumplir con la normativa comunitaria en materia de calidad de aguas.

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Pensar en el agua

Además de infraestructuras, el agua en España tiene otra cuenta pendiente en la gestión. Y en este sentido nuestro país trabaja sobre un horizonte a 2027, pues para entonces, tal como señala Bruselas en su directiva marco, nuestro país debe haber corregido los desequilibrios hídricos en las cuencas.

Esa solución podría pasar por terminar con la sobreexplotación de los acuíferos sin necesidad de recurrir directamente a la construcción de grandes infraestructuras, no exentas de polémica, como presas o trasvases.

Otra posibilidad es la puesta en marcha del Plan Hidrológico Nacional, que ya tendría el primer paso andado, ya que los planes de cuencas están prácticamente aprobados en su totalidad. Sin embargo, esta opción requiere de un consenso entre todas las partes, sobre todo las comunidades autónomas que en los últimos años, y amparadas en muchos casos por los Estatutos de Autonomía, se han erigido en ”propietarias” del agua que transcurre por sus territorios.

Si bien los planes de cuenca son los primeros planes de definición de inversiones e intervenciones, las grandes ingenierías consideran necesario que la Administración invierta en estudiar en profundidad la mejor solución para la gestión sostenible de los recursos con un enfoque holístico midiendo el coste/beneficio no sólo meramente económico, sino el social, ambiental, etc., lo cual supone anteponer el criterio técnico a las prioridades políticas.

Para FIDEX, España tiende a ser excesivamente conservadora en el planteamiento de nuevas infraestructuras y no sólo por falta de inversión pública sino también para evitar confrontaciones directas con Bruselas, que no está dispuesta a aceptar nuevos impactos sobre las masas de agua a no ser que estén exhaustivamente justificados. El cambio de paradigma europeo hacia el logro de objetivos de carácter ambiental condiciona la aplicación de soluciones habituales basadas en las infraestructuras, y aumenta el riesgo de que los problemas de desequilibrio hídrico acaben por enquistarse ante la falta de decisión política.



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