Profesional AGRO - Madrid 14/01/2026

2025 se cierra con una sensación compartida en el campo español y europeo: se ha entrado en una fase decisiva. Ya no bastan los grandes anuncios ni las declaraciones de intenciones. En 2025 se debería de haber consolidado el cambio de ciclo político anunciado con medidas efectivas y no lo ha hecho. Agricultores y ganaderos han dejado claro que el futuro del sector pasa por decisiones concretas, con impacto real sobre la renta, la competitividad y la viabilidad de las explotaciones. Desde ASAJA lo hemos defendido durante todo el año: sin rentabilidad, sin seguridad jurídica y sin un presupuesto suficiente para la PAC, no hay transición posible.
El ejercicio comenzó con advertencias tempranas. En los primeros meses del año denunciamos que la agricultura no puede seguir siendo moneda de cambio en la política comercial de la Unión Europea, ya sea en los acuerdos con Marruecos, con MERCOSUR o en el contexto derivado de la guerra de Ucrania. A ello se sumó una crítica constante a una burocracia excesiva que frena la actividad y al fuerte incremento de los costes de producción, especialmente los laborales, tras una subida acumulada del Salario Mínimo Interprofesional cercana al 80 % en los últimos años. El diagnóstico fue claro desde el inicio: el problema del sector no es coyuntural, es estructural, y tiene que ver con unos costes que no encuentran reflejo en los precios percibidos por los agricultores y ganaderos, pero sí en los que paga el consumidor.
En este contexto, la presentación por parte de la Comisión Europea de su nueva Visión para la Agricultura y la Alimentación dejó un sabor agridulce. Desde ASAJA señalamos que cualquier estrategia que aspire a reconectar con la realidad del campo pierde credibilidad si evita abordar la cuestión central del presupuesto de la PAC y la financiación de nuevos objetivos ambientales en un escenario de inflación, márgenes ajustados y pérdida de renta agraria.
El frente comercial ha sido otro de los grandes ejes de 2025. Hemos reiterado que todo arancel, venga de donde venga, va en contra del campo. En este sentido, el aplazamiento de decisiones clave en torno al acuerdo con MERCOSUR debe entenderse como una oportunidad para ganar tiempo y hacer las cosas bien. No se trata de cerrar la puerta al comercio internacional, sino de exigir que cualquier acuerdo garantice condiciones de competencia justas, cláusulas espejo efectivas y mecanismos de salvaguardia reales. Ese tiempo ganado debe servir para reforzar la posición de los productores europeos y no para prolongar la incertidumbre.
El malestar acumulado se ha traducido también en movilización. En junio, los cerealistas alzaron la voz en Madrid para reclamar medidas urgentes. Y el 18 de diciembre, 10.000 agricultores y ganaderos europeos nos concentramos en Bruselas contra los recortes de la PAC, la carga burocrática y la competencia desleal. Esta movilización no ha sido un gesto simbólico, sino la expresión de un hartazgo compartido y de una voluntad clara de influir en las decisiones que marcarán la próxima década.
2025 ha sido, además, un año de elevada tensión en sanidad animal, con episodios de lengua azul, gripe aviar, dermatosis nodular contagiosa y la persistente amenaza de la peste porcina africana. Desde ASAJA hemos reclamado medios y coordinación, pero también hemos puesto en valor el alto nivel de bioseguridad de las explotaciones españolas, que ha demostrado ser una barrera eficaz frente a riesgos sanitarios de gran impacto.
El debate sobre la PAC 2028-2034 ha marcado el tramo final del año. La propuesta conocida desde Bruselas, con un recorte cercano al 20 % del presupuesto y más exigencias administrativas, ha generado una lógica preocupación en el sector. De ahí que haya calado una idea preocupante: Europa parece priorizar otras urgencias presupuestarias mientras pone en riesgo su soberanía alimentaria. Una prioridad por parte de Europa que lo que está provocando es un incremento desmesurado de los precios de los productos agroalimentarios, que finalmente tendrá que asumir el consumidor.
De cara a 2026, el campo afronta un año clave. La negociación del nuevo marco financiero europeo y de la PAC post-2027 abre una ventana de oportunidad para corregir el rumbo. Desde ASAJA seguiremos defendiendo tres principios irrenunciables: rentabilidad económica como base de cualquier política verde, simplificación administrativa real y un presupuesto acorde a los objetivos que se exigen al sector. Solo así será posible una transición ordenada, con agricultores y ganaderos dentro del sistema y no empujados fuera de él.
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