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A debate durante Fruit Attraction

Agencia única para la evaluación de productos fitosanitarios

Industria fitosanitaria, organizaciones agrarias, productores, exportadores y expertos en la materia piden la creación de una agencia única de evaluación de productos fitosanitarios. El organismo sería responsable de un proceso de evaluación y registro más ágil, transparente y eficiente. Garantizaría mayor protección del medio ambiente y la salud humana, así como en la productividad, la innovación y la competitividad de los recursos agrícolas.

Profesional AGRO - Madrid 30/10/2015

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La creación de una Agencia de Evaluación Única de Productos Fitosanitarios sería esencial para mejorar la competitividad de sector agroalimentario y garantizar su productividad. Así se ha puesto de manifiesto en la mesa redonda organizada por la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (FEPEX) y la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (AEPLA) en el marco de la Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas.

Por primera vez, industria fitosanitaria (AEPLA), organizaciones agrarias (ASAJA, Cooperativas Agroalimentarias y UPA), productores y exportadores (FEPEX) y bioproductores (IBMA), han abogado por el establecimiento de una verdadera ventanilla única para la evaluación y registro de productos fitosanitarios, cuyo objeto será la coordinación de los distintos procedimientos de evaluación que puedan incidir sobre un mismo producto.

Junto a representantes de todos los colectivos mencionados, ha participado en esta jornada técnica Charlotte Leonhardt, representante de la Agencia Austriaca para la Seguridad Sanitaria y Alimenticia (AGES), quien explicó el funcionamiento y los beneficios que el modelo austriaco aporta al sector y la administración pública: “Una de las principales ventajas de una agencia única es el enfoque integrado que ofrece y que permite aplicar una mayor armonización y previsibilidad para las partes interesadas, promoviendo una mayor eficacia y eficiencia y la disminución de los asuntos burocráticos, es decir, permite legislar mejor», afirma Leonhardt.

El actual sistema español, basado en varias autoridades competentes, se caracteriza por su lentitud y problemas de coordinación entre los servicios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y el Ministerio de Sanidad, Seguridad Social e Igualdad, dificultando la aplicación de criterios unificados de evaluación. “Este sistema supone que España, uno de los países con mayor potencial agrario de la Unión Europea, sea de media, el país más lento de la UE para registrar un producto fitosanitario, llegando en algunos casos hasta los 6 años, lejos de líderes como Francia (menos de 1,5 años), Reino Unido (10 meses) o incluso Alemania (2 años)”, asegura D. Miguel Suárez Cervieri, Presidente de AEPLA, añadiendo que “dadas las características de la agricultura española, España debería ser un referente, a nivel comunitario, de las evaluaciones para el caso de los cultivos menores.”

El establecimiento de un único organismo que evalúe y registre los productos fitosanitarios en España supondría, entre otras ventajas, una mayor garantía en la protección del medio ambiente y la salud humana, así como en la productividad, la innovación y la competitividad de los recursos agrícolas. Además, proporcionaría una mayor eficacia y eficiencia administrativa.

“Existe un margen para mejorar la competitividad, facilitando a los productores el acceso a nuevos productos fitosanitarios”, asegura D. Jose María Pozancos, Director General de FEPEX.

Durante la conferencia también se han presentado las principales conclusiones del estudio desarrollado por el Instituto Químico de Sarriá (IQS) de la Universidad Ramón Llull sobre “El actual proceso para la autorización de productos fitosanitarios en España: consideración y valoración de una agencia única”. La principal de ellas concluye, que de no mejorar el proceso de evaluación de productos fitosanitarios en España, corremos el riesgo de que las empresas presenten sus solicitudes en otros Estados miembros, lo que iría en detrimento de la investigación en el campo de la sanidad vegetal, y se perderían puestos de trabajo de personal altamente cualificado.

En el debate también se expondrán otros beneficios de una Agencia única de Evaluación en términos económicos, tales como la reducción de los plazos en el procedimiento de registro o la reducción de costes para la Administración, con la posibilidad de organizar un sistema autofinanciable mediante los ingresos que este genere al cobrar por los dosieres que evalúa.

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